En esta entrada hemos realizado un resumen de los aspectos más relevantes relacionados con la traducción que deben tenerse en cuenta durante una legalización.
La legalización de documentos y las traducciones juradas
Para comenzar, hay que aclarar que las legalizaciones otorgan validez a los documentos públicos extranjeros en España y españoles en el extranjero; y que, salvo excepciones, son necesarias.
Estas excepciones vienen recogidas en varios convenios firmados por España, el más relevante de los cuales es el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, que únicamente requiere la inclusión de una apostilla para que el documento sea válido. Dentro de la Unión Europea, además, el Reglamento (UE) 2016/1191 exime de apostilla y de legalización a determinados documentos públicos expedidos en un Estado miembro y presentados en otro (por ejemplo, certificados de nacimiento o de antecedentes penales), y prevé formularios multilingües normalizados, de uso optativo, que en algunos casos pueden evitar la traducción.
La apostilla es una hoja que se añade al documento, bien adhiriéndolo al mismo, bien en una página aparte, en la que la autoridad competente certifica la autenticidad de la firma, la calidad en que ha actuado quien lo firma y, en su caso, la identidad del sello o timbre que lleva, pero no el contenido del documento. En España puede solicitarse por medios telemáticos en el siguiente enlace.
Si se trata de documentos públicos extranjeros emitidos por una autoridad no consular de un Estado no firmante de convenios destinados a facilitar las legalizaciones, intervendrá, con carácter general, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de origen o bien la representación diplomática o consular española en dicho Estado; y, si se trata de un documento expedido por una autoridad consular debidamente acreditada en España, intervendrá en la legalización la sección de legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC).
Dependiendo de la naturaleza del documento que se vaya a legalizar (expedido por Comunidades Autónomas, Entidades Locales, embajadas, consulados, notarial, judicial, mercantil, académica, médico-sanitaria, etc.), puede que sean necesarias legalizaciones adicionales además de la realizada en el MAEUEC. El procedimiento también depende del país de destino y de los convenios o normas que resulten aplicables. A continuación nos centraremos en el caso de las traducciones.
¿Es necesario traducir los documentos que requieren legalización?
En el caso de documentos españoles, se deberá consultar la legislación del país en donde el documento vaya a surtir efecto, aunque lo normal es que solo se acepten documentos en su idioma o idiomas oficiales. Por otro lado, en caso de que las traducciones juradas no sean válidas por sí mismas, deberán ser legalizadas en el MAEUEC.
De igual modo, los documentos extranjeros que vayan a tener efecto en España deben estar traducidos, y solo se admitirán las traducciones:
- realizadas por un traductor jurado habilitado por el MAEUEC.
- realizadas o asumidas como propias por una representación española en el extranjero, siempre que se refieran a un documento público extranjero incorporado a un expediente español que deba resolver la Administración, y legalizadas por el MAEUEC.
- realizadas por la representación diplomática o consular en España del Estado que emite el documento, cuando se refieran a una ley de ese Estado o a un documento público suyo, y legalizadas por el MAEUEC, siempre que cumplan los requisitos establecidos para este tipo de traducciones.
Les recordamos que esta entrada es un resumen elaborado por NAKOM y no recoge toda la casuística relativa a las legalizaciones. Si desean más información, pueden consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Fuentes:
Ministerio de Asuntos Exteriores: legalización y apostilla.
Ministerio de Asuntos Exteriores: traducción e interpretación jurada.
Ministerio de Justicia: Apostilla de La Haya.
Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil (disposición final cuarta).
Reglamento (UE) 2016/1191, sobre la simplificación de requisitos para la presentación de determinados documentos públicos.